“Nada es más útil que el agua; pero ésta no comprará gran cosa”. Así, en 1776, Adam Smith ilustraba uno de los preceptos fundamentales de la economía neoclásica: un bien no tiene valor en función de su importancia sino solo de lo que puedes intercambiar por él, lo que a menudo se regula en función de su escasez.

Hoy, el precio de un litro de agua en Chile oscila entre 1 y 2 pesos; 2.000 litros de agua se consumen para cultivar 1 kg de paltas; 169 litros por segundo se utilizan para enfriar los servidores del último centro de datos instalado por Google en la Región Metropolitana. Paralelamente, territorios como Petorca, Cabildo, La Ligua, Punitaqui, Río Hurtado, Paillaco, San Juan de la Costa, Río negro, entre otros, apenas reciben por parte del Estado ~50 litros diarios por persona como agua de “emergencia”, agua que resulta insuficiente para satisfacer las necesidades básicas y menos aún para continuar reproduciendo sus modos de vida asociados a labores agrícolas que han desarrollado históricamente. En estos territorios, el peso de la megasequía se ha hecho sentir fuertemente, afectando a familias y comunidades, principalmente en áreas rurales de la zona centro-sur del país, convirtiendo algo que era una “emergencia” en una situación de escasez hídrica permanente.

El agua en Chile es un bien de mercado y no un derecho, cuyo precio es fijado por la demanda y oferta, y que se distribuye de manera extremadamente desigual en la población. Cada año aumenta la concentración de este bien en menos manos: en el 2020, más del 70% de los derechos de agua pertenecen al 1% de la población nacional. El acceso a agua potable en el hogar es también un servicio altamente inseguro: se ve con frecuencia amenazado por cortes de suministro prolongados, episodios de contaminación o por una ‘mala calidad’ percibida del agua (mal sabor u olor, turbiedad, color, entre otras variables) lo que lleva a muchas familias a decidir beber agua embotellada; situación para nada trivial en hogares de medianos y bajos ingresos, considerando que aumenta los gastos del hogar. Sin intervenciones adecuadas, esta inequidad e inseguridad se verán incrementadas en los años venideros, con los efectos proyectados del cambio climático y la sobreexplotación insostenible del recurso. Estamos viviendo una importante crisis del agua, sin embargo aún no sabemos cuándo va a ser el día en que abramos la llave del agua y no salga nada. ¿Qué medidas hemos desarrollado para enfrentar esta crisis? A la fecha, camiones aljibe que transportan agua de dudosa procedencia y calidad, junto a una institucionalidad que no tiene seguridad de la disponibilidad ni sostenibilidad del recurso agua.

Otro recurso que enfrenta una profunda crisis, pero de la cual sabemos un poco más, es la energía. En Chile, el sector energético es responsable del 78% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, y como tal, uno de los principales sectores donde se orientan las medidas de mitigación del cambio climático. Esto implica importantes transformaciones que cambiarán la configuración no solo del sector, sino también de los territorios, de la oferta laboral, las economías locales, etc. Sin embargo, este sector también presenta importantes brechas de inseguridad, especialmente si consideramos la energía no sólo en términos de electricidad sino en un sentido más amplio, considerando todos los servicios energéticos que son indispensables para nuestra vida: calefacción, cocción de alimentos, agua caliente sanitaria, entre otros. Si bien se están realizando esfuerzos por desarrollar una estrategia de transición justa y sustentable, que permita avanzar hacia la carbono neutralidad al 2050, poco se ha dicho respecto a cómo acortar las brechas existentes en términos de pobreza energética.

El agua y la energía no se vinculan sólo por sus respectivas crisis: son también dos servicios altamente complementarios y básicos para asegurar la vida humana. Todos los días, cuando nos levantamos y nos bañamos, no solo usamos agua, sino también energía para calentarla; lo mismo cuando cocinamos, no solo usamos energía, sino también agua. Fuera de los muros del hogar, la hidroelectricidad sigue siendo una de las fuentes más importantes en la matriz energética del país, mientras que necesitamos grandes cantidades de energía para extraer, depurar, y distribuir el agua que usamos todos los días. La crisis del agua es una crisis de la energía, y la crisis de la energía es una crisis del agua. Pero aun así, ambas crisis apenas logran ser noticias en contadas ocasiones y han tenido poca atención en las propagandas electorales que vemos en estos días.

Recientemente celebramos el Día Mundial del Agua, y sumándonos a los esfuerzos de la ONU y tantas organizaciones sociales, políticas y académicas es que, queremos enfatizar la importancia de considerar el agua y la energía no solo como bienes de mercado, sino como derechos fundamentales (o bienes comunes) para el desarrollo de la vida humana, y como tales, han de ser parte central del debate por una Nueva Constitución. Si de verdad el agua y energía son tan importantes y se encuentran tan imbricados, atravesados de desigualdad e inseguridad ¿por qué hoy no forman parte central de las demandas por un país más justo y digno? ¿por qué hoy vemos tan pocas propuestas políticas al respecto? Invitamos a candidatos y candidatas a adoptar estas crisis como parte de sus programas, porque el camino a la dignidad pasa por asegurar el derecho a satisfacer condiciones básicas de existencia, como lo son el derecho a un acceso seguro, equitativo y sustentable al agua y a la energía para todas las personas.