En un contexto en el que se discute una nueva constitución, resulta dramático la ausencia de debate acerca de la necesidad de incorporar a la naturaleza para su protección integral en base a la actual crisis de biodiversidad global, así como también a los múltiples valores que emergen de las complejas relaciones entre los diferentes actores y la biodiversidad. Pero ¿qué estamos entendiendo como valor?

El valor, particularmente referente al ambiente, ha sido definido por Reser y Bentrupperbäuer el 2005 como las creencias individuales y las compartidas con la comunidad o la sociedad sobre la significancia, importancia y bienestar de los ambientes naturales y cómo el mundo natural debería ser visto y tratado por los humanos

Esta es una discusión que podría sonar por momentos academicista, pero tiene repercusiones prácticas trascendentales a la hora de saber manejar de forma sostenible la naturaleza y los beneficios que nos otorga para el bienestar humano.

La discusión sobre los valores de la naturaleza se vuelve relevante cuando, en 2005, la ONU y su Evaluación de Ecosistemas del Milenio incorpora en la política global el concepto de servicios ecosistémicos. En esta discusión, la valoración se torna un asunto primeramente económico. Así, se comienza a generar un esfuerzo relevante por valorar económica y monetariamente los servicios que la naturaleza nos provee, bajo el argumento de que para conservar la naturaleza es relevante demostrar los beneficios económicos de aquello.

Sin embargo, poco a poco nos hemos dado cuenta de que aquella valoración, la económica y principalmente la monetaria, no es más que uno de los tantos tipos de valoraciones que podían surgir. Aquí, toma relevancia lo discutido ya por el Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, IPBES, por sus siglas en inglés, algo así como el IPCC de cambio climático, pero de biodiversidad.

Hoy en día se reconoce que la naturaleza puede ser valorada desde múltiples perspectivas. Una de ellas es la perspectiva económica y monetaria, que concibe el valor de los ecosistemas como instrumental, es decir, son un medio para lograr fines humanos. La segunda se reconoce como la perspectiva intrínseca, es decir, el valor de los ecosistemas en sí mismos, independiente de propósitos humanos. Por último, se ha reconocido la perspectiva relacional, es decir, los valores de los ecosistemas que permiten comprender complejas relaciones sobre responsabilidad entre personas o personas con la naturaleza.

Lo crucial de este avance es que entendimos que el aspecto monetario no es la piedra filosofal que nos permitirá cuidar y manejar mejor los ecosistemas. Esto porque la valoración monetaria tiende a visibilizar beneficios de la naturaleza con mercados, invisibilizando otros que no se transan de manera convencional o que pueden ser trascendentales desde una perspectiva cultural para las comunidades locales. Por contraparte, reconocer que comunidades locales e indígenas poseen otro tipo de valoración de la naturaleza, nos permitiría entender cómo, desde esas valoraciones, podemos implementar políticas públicas acordes a ello.

Es lo que ocurre, por ejemplo, en la cuenca del Huasco, Región de Atacama. Ahí, a través de un proyecto Fondecyt que estamos desarrollando (N°1221789) hemos visto preliminarmente que las personas que se benefician de la naturaleza, agricultores de hortalizas, de nueces o arrieros por ejemplo, valoran la naturaleza no solo por razones instrumentales (económicas o meramente monetaria) sino que también relacionales.

De nuestras entrevistas que intentan comprender los valores que las personas atribuyen a diferentes beneficios de la cuenca, emergen fuertemente valores relacionales como el valor del agua como columna vertebral de la cultura del valle (más allá de su uso utilitario) o la relaciones con ciertos hitos del paisaje en las tradiciones culturales.

Por tanto, manejar la cuenca del Huasco solo desde mecanismos económicos y monetarios podría no surtir mucho efecto, dada esta relacionalidad de las comunidades locales e indígenas fuera de las lógicas monetarias.

Avanzar en este sentido implica, por tanto, generar estímulos para el manejo sostenible que estén acordes con esa forma de darle relevancia a los ecosistemas que rodean a las personas. ¿Cómo la política pública entonces enfrentará estos desafíos? ¿Cómo una propuesta de constitución que poco o nada ha abordado aspectos sobre la naturaleza podría garantizar el bienestar humano en el largo plazo?

Instamos a que este tipo de elementos sean cada vez más tomados en cuenta en pro de un bienestar humano que esté en armonía con los procesos naturales para mantener la provisión de servicios ecosistémicos en el largo plazo. Tenemos una obligación ética con las futuras generaciones.

*Los autores son integrantes de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile, y el Departamento de Geografía, Universidad de Chile e Instituto de Ecología y Biodiversidad.

La inclusión, en la nueva Carta Fundamental, de aspectos que consideramos clave y que podrían sentar las bases para avanzar hacia una gobernanza climática integrada, son un avance único en la historia del país y, en muchos aspectos, pionero en el mundo. Esperamos que este análisis permita aportar al debate con miras al plebiscito del próximo 4 de septiembre.

Clumna de opinión disponible aquí.

La evolución de la política de gratuidad es un ejemplo de lo anterior. ‘Educación pública, gratuita y de calidad’ fue la consigna de los estudiantes movilizados en 2011 y 2012. Una vez instalada dicha demanda, y con una alta adhesión de la ciudadanía, los años posteriores fueron de intensa discusión de estos ideales y, en particular, su definición. Múltiples autores, dentro y fuera de la política, participaron de este debate, ya sea identificando lo público con distintos atributos de las instituciones, como su propietario, complejidad o aporte a la equidad, o planteando argumentos respecto de quiénes debían acceder a este derecho y bajo cuáles estándares de calidad.

Estas cuestiones fueron finalmente definidas en el diseño e implementación de la política de gratuidad en 2016. Así, lo público no se restringe a lo estatal sino que se define principalmente en función de la preocupación de las instituciones por la equidad bajo condiciones de calidad, entendidas aquí en función de sus resultados de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica en el sistema de acreditación.

Dichas decisiones han tenido efectos extremadamente positivos. Primero, su contribución a la equidad es innegable, aliviando la carga financiera de cientos de miles de estudiantes de la educación superior. Luego, ha impulsado un proceso de cambio organizacional en línea con los estándares de calidad para aquellas instituciones adscritas a la gratuidad. Finalmente, a nivel de sistema, ha contribuido a la desmercantilización de la formación, si bien no al nivel de la gestión de las instituciones, sí entre los estudiantes del pregrado.

Y sin embargo, dichos impactos han demostrado la complejidad de los problemas que debe enfrentar el sistema chileno de educación superior. Dos temas resultan esenciales en este escenario.

Por un lado, la cuestión de la inequidad de la formación de nivel superior ha demostrado ser mucho más persistente que lo pensado a nivel de los tomadores de decisiones. No se trata aquí solo del origen socioeconómico del estudiante, el entorno familiar o la calidad de la educación básica y media, que actúan como predictores reconocidos del desempeño académico, sino también de cómo estos se articulan con otras variables individuales, como el género o el capital cultural del estudiante, o institucionales, como la preocupación efectiva de la organización por la inclusión o la existencia de una cultura académica inclusiva. La gratuidad puede ser un primer aporte, pero no asegura equidad.

Por otro lado, el reconocimiento de la diversidad es también una tarea pendiente en la política de gratuidad. Los aranceles regulados operan en este sentido como una simplificación de los recursos humanos y materiales efectivamente utilizados para la formación de los estudiantes, que corre el riesgo de homogeneizar los diferentes grados de desarrollo de la investigación, la infraestructura de las instituciones de educación superior, los esfuerzos de vinculación con el medio y sus efectos en la formación, entre otras variables. La gratuidad debe en este sentido ser una política común, centrada en los estudiantes, pero atenta al coste de los procesos formativos.

Con todo, este tipo de problemas de equidad y diversidad aparecen solo en el marco de la implementación de la gratuidad. Son quizá mejores problemas, pero problemas al fin y al cabo, y deben ser por tanto objeto de reflexión. Las instituciones de educación superior harían bien entonces en considerar equidad y diversidad no solo como fines que deben cumplirse en función de indicadores, sino como parte de una tarea por definición inalcanzable y que la política pública de gratuidad no hace sino volver todavía más evidente.